El Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió por
unanimidad a Luis Marileo y Patricio Queipul, imputados por actos de violencia
en la zona de la Araucanía el caso denominado “Peaje Quino” del año 2009 y
juzgados bajo la Ley Antiterrorista pese a ser menores de edad en ese entonces.
Por el episodio ya habían sido absueltos siete adultos,
mientras que ambos menores debieron permanecer en prisión preventiva durante el
transcurso de la investigación.
En el marco de este juicio, el martes declaró en el tribunal
Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía, quien confesó haber
realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como
“terroristas” mientas se desempeñaba como agente encubierto de Carabineros, con
el objetivo de incriminar a dirigentes mapuche.
“Castro Antipán dijo ante los jueces haber sido infiltrado
por Carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido
delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y el asalto a
un peaje”, detalló el sacerdote jesuita Luis García Huidobro.
Entre 2009 y 2011, siendo Michelle Bachelet Presidenta y
Edmundo Pérez Yoma ministro del Interior, una treintena de comuneros estuvieron
en prisión debido al testimonio de Raúl Castro Antipán como “delator
compensado” por la Ley Antiterrorista. Tanto Luis Marileo como Patricio Queipul
permanecieron en la cárcel de Angol durante más de un año, teniendo como prueba
fundamental de un delito que no cometieron las palabras de este agente
encubierto de Carabineros.
Ante esta situación, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo
aseguró que “para mucha gente en el sur de Chile no es novedad lo que está
pasando con este testigo protegido de la Fiscalía”, detallando el historial de
juicios en los que Raúl Castro Antipán ha participado.
“Este individuo ya participó el año pasado de un juicio oral
en Temuco, donde también fue la carta bajo la manga de la Fiscalía. Con su
testimonio se pretendía inculpar a comuneros mapuche que finalmente fueron
todos absueltos. El que ahora esté participando en un nuevo juicio no solamente
da cuenta de una irregularidad que tiene que ver con el debido proceso acá en
el sur, sino que también con la pobreza de pruebas con las que cuenta la Fiscalía
para intentar encarcelar a comuneros”, acusó.
A su juicio, claramente existe una intención política detrás
de la persecución hacia militantes mapuche, determinada por la aplicación de la
ley antiterrorista que ha sido cuestionada por distintos organismos de derechos
humanos a nivel nacional e internacional.
“La aplicación de esta ley vulnera el debido proceso y las
garantías procesales de los ciudadanos mapuche. Qué prueba más palpable de eso
es, por ejemplo, la utilización en este caso de testigos protegidos que son
delincuentes confesos, que se benefician de las disposiciones de la Ley
Antiterrorista, por ejemplo, la delación compensada, para ser utilizadas como
herramientas de persecución de los dirigentes de las comunidades. Es lamentable
que la Fiscalía tenga que recurrir a delincuentes confesos para intentar
encarcelar a los dirigentes y eso es algo que debiera llamar la atención de las
autoridades”, agregó.
Esta confesión viene a corroborar las denuncias levantadas
desde hace años por el pueblo mapuche, organizaciones de derechos humanos y de
la sociedad civil, acerca del uso de agentes infiltrados con el objetivo de
provocar disturbios que posibiliten la detención de dirigentes sociales.
